De Fraga a Feijóo, pasando por Pujol

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En los primeros años de la autonomía, la derecha política gallega consideraba tan natural e indiscutible que el gallego debía ser la lengua oficial de Galicia, la única, que promovió una ley de normalización lingüística en la que se establecía el deber de conocerlo. Aquello no sucedió bajo la hegemonía de los nacionalistas ni tampoco de los socialistas. Se hizo y se aprobó bajo la presidencia de Gerardo Fernández Albor, del partido Alianza Popular y hombre del que no cabía sospecha de inclinaciones separatistas. Contra aquella ley recurrió al Constitucional el Gobierno de Felipe González, y el TC declaró inconstitucional el deber de conocer el gallego que había aprobado por unanimidad el parlamento regional.

La anécdota permite poner en cuestión una suposición muy arraigada sobre la causa de que los partidos de derechas impulsen y acepten políticas lingüísticas que priman la llamada “lengua propia” y relegan, de una u otra forma, el español, la lengua común. Esta actitud se tiende a ver como un seguidismo acomplejado de los partidos nacionalistas y, a veces, como resultado de un cálculo político rastrero: como los nacionalistas pueden ser necesarios, en un momento u otro, para formar Gobiernos en España, no conviene llevarles demasiado la contraria, y se les deja hacer en todo el ámbito de la ingeniería social dirigida a la “construcción nacional”.

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